El Autonomista.com

POR Carlos Intriago Solórzano
intriagomedicina81@yahoo.com

Siendo la legislación laboral compleja, se pensó en una alternativa más formal que las agencias de empleo para “facilitar la relación oferta-demanda del mercado laboral. Aparecen empresas de intermediación laboral con la misión de ser brokers-promotores del empleo, comisionado sin usura por su gestión.

Lo inexplicable es cómo siendo la intermediación una actividad negativa, la Organización Internacional del Trabajo OIT la recomendó en 1987. Existe una respuesta: la OIT no se imaginó jamás que podían cometerse excesos bajo esta figura:
Se intermedió a 500.000 ecuatorianos en desmedro de su contratación directa y formal, reduciéndoles sus derechos laborales; muchos empleadores, incluso el Estado, con el pretexto que el alto costo lo pagaban todos los ecuatorianos, abusaron de la terciarización para pagarle menos a sus trabajadores. Lo lógico era si las empresas querían ser más eficientes, les correspondía hacer reingenierías.

Se dice que las tercerizadoras depositan al IESS 240 millones de dólares anuales correspondiente al aporte de los trabajadores tercerizados. La pregunta obvia es ¿Cuánto recibiría el IESS si los trabajadores tercerizados, estuvieran directamente contratados y recibiendo un sueldo justo?
Hay empresarios de “servicio de personal” que son familiares o propietarios de las empresas productivas donde laboran los trabajadores tercerizados. El presidente Rafael Correa denunció que el mayor empresario del país, Álvaro Noboa, era a la vez el mayor tercerizador del Ecuador. Y con toda seguridad, no debe ser el único político-empresario tercerizador que se beneficia del sistema.

Son tan astutas algunas de estas compañías ‘tercerizadoras’ que han puesto más del 50% de los empleados de una empresa en calidad de subcontratados, pese a que la ley se los prohíbe, no cumplen con la contratación del 1% de personas discapacitadas correspondiente, imposición de la modalidad del trabajo por horas.
Con razón el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, ya ha anunciado que “Se preparan estudios técnicos y jurídicos para plantear a la Asamblea la derogación de la forma de trabajo precario, entre los que se encuentra la generalizada intermediación laboral”, explicó, a la vez que ha revelado una opción justa: “Queremos restaurar la relación directa y bilateral que siempre estuvo en vigencia entre empresarios y trabajadores hasta que se impuso una tercerización generalizada, que ha servido para vulnerar y violar los derechos de los trabajadores. Los intermediarios se ufanan de ser ellos los que dan el empleo en Ecuador y eso no es así, son simples intermediarios que cobran una comisión dentro de un contrato mercantil como si los trabajadores fueran cosas”.

Y como hasta ahora, todo en el gobierno del presidente Rafael Correa va firme y claro; el Ministerio del Trabajo ha sancionado a 25 tercerizadoras en el país: Ocho en Quito, ocho en Guayaquil y 9 en Manta.
La calificación a las tercerizadoras Selector, Rol People, Properca, Romero Alban, Admira, Termansa, Serviper, Top Personal y Sepermanta, servirá de justificación a quienes desde el centralismo y con cualquier pretexto, incriminan a Manabí.

El asunto es grave y se investigan a otras 130 tercerizadoras, de casi 1.000 en el país que se sacrifican “creando empleo, y sacando un porcentaje” que en forma indignante para el humilde trabajador, le reduce aún más sus bajos salarios, y más humillante aún es obligarlos a retirar su sueldo o salario de los bancos privados y no de una vez, sino por partes ¡Qué descaro! ¡Qué injusticia!