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Desazón en las universidades públicas

Marco Villarruel Acosta | mava5@hotmail.com

El anuncio de que el gobierno del Presidente Correa ha dispuesto suprimir el aporte del Estado para el seguro de vida y comisariatos de los trabajadores universitarios, ha puesto nuevamente en tensión la maltrecha relación entre ambas partes.

Las reformas a los presupuestos y a los trámites en relación a contratos y a nombramientos incrementan la zozobra en las instituciones públicas.

Un funcionario ministerial que pidió el anonimato afirmó que en el Ministerio de Obras Públicas, donde trabaja veinte años le dijeron que debía escoger dónde laborar: “en la Universidad como docente o en el Ministerio como empleado”, pero que no podía tener ambos cargos.

Ya la eliminación del seguro complementario produjo una severa crisis en los jubilados universitarios, quienes han visto mermados sus haberes hasta en un 40 por ciento. Por lo pronto y en vista de las circunstancias ya nadie quiere jubilarse, por el temor a tener que recibir pensiones de hambre.

En pocos meses la denominada Revolución Ciudadana ha provocado perjuicios y desconcierto a la comunidad universitaria, sin que las comisiones nombradas hayan planteado un punto siquiera de resarcimiento a los derechos adquiridos. Por otro lado el discurso gubernamental habla negativamente de la educación pública universitaria, a la que le ha irrogado calificativos bastante desagradables y equivocados.

Lo cierto es que no hay una definición política del régimen para con las universidades públicas. Las continuas reuniones entre los funcionarios del Senplades, el Conesup y los centros de educación superior no arrojan nada positivo, salvo el estado de inquietud entre sus miembros.
Especialmente se hace mención al manejo de los fondos para investigación. Las universidades no podrán desarrollar sus proyectos de investigación, si no se someten a la línea dibujada por el omnipotente Senplades. En este caso la autonomía universitaria recibió la extremaunción total.