El Autonomista.com

Y vendrán días peores

Juan Ramón Cevallos Viteri

Hemos leído en los periódicos que los señores fiscales se quejan del comportamiento de ciertos abogados de la ciudad de Manta pero lo que hay que preguntar es ¿por qué esa reacción de los abogados…?, En todo caso habría que analizar porqué la Administración de Justicia está en crisis, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, como se lee en los principales diarios del país y razón por lo que el asambleísta César Rodríguez es partidario de una reorganización total de la función judicial, a lo que el señor Presidente de la Corte Suprema reaccionó diciendo que eso provocaría la paralización de los Judiciales, lo que es una amenaza que atenta contra la ley y la Constitución Política vigente.

La indiferencia con que se atiende las denuncias o las dilatorias que dan a las quejas es lo que está exasperando a los abogados en el libre ejercicio de la profesión, que tal como están las cosas, hace pensar que vendrán peores días porque no sólo los perjudicados son los abogados sino las personas que acuden a los juzgados en demanda de justicia, y a ésta se la evade, no existe otro recurso que acudir a los “justicieros” para que se respeten las vidas y los bienes en determinadas ocasiones o se obligue a acudir al juzgamiento de los indígenas o tomar medidas de hecho como ocurrió ahora último en el cantón San Vicente (Manabí) cuando se sancionó públicamente a los autores de la muerte de un ciudadano muy querido y trabajador del lugar. Los organismos de control contra la corrupción se multiplican y las cosas siguen iguales y en algunos casos peor que antes, y que ahora con el cuento de los concursos de oposición y merecimientos solo sirve para refinar la corrupción.

El gobierno se hace eco de la inseguridad jurídica que es un reclamo de propios y extraños, apenas se anuncia el cambio de los titulares de la función judicial, salta la liebre con la amenaza de paro de los judiciales que con sola esta declaración deberían ser cancelados, si los trabajadores que pueden hacer la huelga le crean problemas por ejercer sus derechos, a los señores Judiciales que no tienen este derecho por expresa disposición de la ley no les pasa nada, lo que significa que el país va camino al abismo del sálvese quien que pueda, y después, están llorando si aparecen las guerrillas y las FARC u otras organizaciones “irregulares” como lo llaman algunos comentaristas, los gobernantes son indiferentes para evitar el aparecimiento de los grupos insurgentes, eliminando las causas que los originan.

No hablamos de memoria, he aquí algunos casos por lo que en cierta forma se justifica la actitud de los abogados en el libre ejercicio de la profesión cuando reclaman en forma airada el lento proceso judicial o por la falta de una justicia ágil, imparcial y eficiente, naturalmente con sus excepciones que cada día son menos. En Montecristi se presentó un caso alarmante con un juicio verbal sumario que después de cuatro años no se declaraba concluida la prueba y luego que se denunció, el juez lo hizo, pero hasta hora no dicta la sentencia. Entonces ¿Qué hacer? Si lo denuncian “lloran”. Hay que reconocer que el actual delegado del Consejo de la Judicatura en Manabí, a comenzado obligando a los jueces a cumplir con la ley.

Otro caso, una persona presenta la demanda de Amparo de Posesión y el juez para burlar este derecho se presta para forjar un contrato de arriendo con la agravante que le falsifican la firma al posesionario para decidir el desalojo que lo dicta con sorprendente rapidez, dejando a un lado el tramite del Recurso de Amparo que además fue presentado con anterioridad al juicio de inquilinato. ¡Que maravilla! Y así se quejan de la reacción de los Abogados en el libre ejercicio de la profesión. Otro caso, una persona acude a la Gobernación y el señor Gobernador de aquella época sin ningún análisis y estudio ordena el desalojo de un predio que la señora lo había adquirido con escritura pública y los requisitos de ley en el inmueble donde vivía, y el señor Gobernador ordenó el desalojo del predio, los vecinos corrieron a avisarle a la dueña que sus enseres estaban en media calle, la dueña inmediatamente recogió sus documentos y se traslado a la Gobernación a reclamar por el atropello con los documentos en las manos, los mismos que revisados por el señor Gobernador, reconoció su error y dispuso que se la reponga inmediatamente a la señora al predio de su propiedad pero aquí interviene el señor Juez de Montecristi y dice que el señor Gobernador no tiene competencia para disponer la reposición, es decir, puede ordenar el desalojo pero a criterio del señor juez no puede corregir inmediatamente su error. ¡Qué barbaridad! y hasta la fecha, va más de un año y la señora no puede recuperar su casa por la lentitud y las mil trabas tinterillescas que le presentan a esta señora dueña de su casa, y lo más grave, es que por ejercer su derecho se la enjuicia y más grave todavía, es cuando en la demanda que presentan contra los responsables de esta ilegalidad estaba incluido el juez, a quien después de pocos días se lo excluye de la demanda. De estos casos existen por cientos que los señores Asambleístas deben tener en cuenta para actuar disponiendo una reorganización total de la función judicial, en la que no solamente deben ser destituidos ciertos jueces sino despojados de sus títulos por sus escandalosas actuaciones apartadas de todo el ordenamiento jurídico que nos rige y que es una de las causas para el auge de la delincuencia, caso contrario, otros van a ser los procedimientos a seguirse para la que la justicia brille como antes.