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POR Carlos Intriago Macías

La luz de la razón brilló sobre las tinieblas de enfado gubernamental y el oportunismo de algunos “bandidos” que aprovechándose de la buena fe estatal y de la buena voluntad de la compañía Odebrecht, pretendían que el Carrizal-Chone fuera contratada en 102 millones de dólares, en vez de los 84 millones con los que se va a ejecutar. La diferencia del monto, será dirigida al proyecto de Propósito Múltiple Chone.

La II etapa del proyecto Carrizal- Chone sí se ejecutará. La correcta decisión del gobierno del presidente Rafael Correa es un mérito compartido de la opinión pública manabita, la flexibilidad de la empresa brasilera Odebrecht y la tenacidad del ministro del Litoral, Ricardo Patiño.

El Sistema de riego Carrizal- Chone pese a ser calificado de prioridad nacional por el gobierno de Lucio Gutiérrez el 14 de enero del 2003, desde el principio tuvo la oposición de las élites bicentralistas y la fiscalización severa de instituciones como la Comisión Cívica Contra la Corrupción. De todas formas avanzó a la primera etapa, aunque hubo que cambiar la idea original de construir canales por una red de tubería de fibra de vidrio en una extensión de 14 kilómetros, de 2,7 m. de diámetro sostenida por cunas de hormigón prefabricado y pilotes. Con 2.150 puntos de conexión apta para los usuarios de agua.

Luego vendrían las dificultades con la II etapa. Fue en plena sesión de provincialización realizada en Portoviejo el pasado 25 de junio que el presidente Correa denunció que había sobreprecio y aunque se manifestó a favor de la obra advirtió que el Estado Ecuatoriano, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BEDE no financiará un presupuesto de 102´888.118 dólares, para darle el gusto a un grupo de corruptos que incluía a políticos, dirigentes populares y periodistas, aunque no precisó nombres.

Después, el Ministro Patiño creó una Comisión Honorífica de revisión del Proyecto Carrizal-Chone II Etapa, que sugirió dejar sin efecto el proceso con Odebrecht y crear un fidecomiso que financiaría un nuevo proceso licitatorio. La Comisión también habló de supuestas irregularidades en el proceso de contratación de obra y que ésta debía costar entre 12 y 33 millones de dólares menos de lo previsto.

En ese momento, “ardió troya” porque la opinión pública manabita consideró que era injusto que se perdiera una obra tan importante para la provincia y el país por culpa de unos cuantos “bandidos, que no tienen sangre en la cara para amenazar al gobierno” como señaló el Ministro Patiño, coincidiendo con la comunidad provincial. Manabí, por intermedio de la prensa, incluido el semanario EL AUTONOMISTA, las juntas cívicas y organizaciones campesinas, le exigió al Ministro del Litoral los nombres de los corruptos y dejó en claro que no había ningún favoritismo empresarial con el consorcio Hidalgo & Hidalgo y a la constructora brasileña Norberto Odebrecht

Finalmente el pasado 14 de agosto, el propio ministro Patiño informó a los alcaldes y sectores populares y campesinos reunidos en Portoviejo a que llegó a un acuerdo con la empresa Odebretch para que el convenio de crédito estatal se lo realice a un costo de 84 millones de dólares, con un ahorro de 18 millones menos de lo que inicialmente estaba presupuestado.

Así las cosas, ahora lo fundamental es que el gobierno entregue los recursos acordados y que en beneficio de la salud moral del país, el gobierno avance hasta las últimas consecuencias en su lucha anticorrupción identificando plenamente a los supuestos “bandidos” que pudieron perjudicar al pueblo ecuatoriano hasta en 33 millones de dólares, cuando esos recursos son urgentes para pagar la deuda social, tal como lo prometió el Primer Mandatario.

Le corresponde también, al señor contralor Carlos Pólit dar a conocer el informe de la institución de control que él encabeza sobre la denuncia de presunto sobreprecio en la adjudicación de la segunda etapa del proyecto Carrizal Chone.

La transparencia y la honradez son requisitos básicos para que las compañías transnacionales consideren que en el país existe seguridad jurídica. Pero más importante aún, la patria jamás será de todos, mientras la corrupción siga imponiéndose en la contratación pública y en las instituciones del Estado. La patria no será de todos mientras desde el centralismo se propicie que en las provincias se imponga el chantaje y la manipulación. Cómo olvidar tantas denuncias de nuestras autoridades, como la del alcalde de Jaramijó, que acusó a un alto burócrata quiteño de exigirle coimas por tramitar algo que por derecho le correspondía a la “tierra de Balsamaragua”.

Esperemos que el caso del Carrizal-Chone sea el inicio de la revolución en la contratación pública y la forma de hacer negocios con el Estado.