El Autonomista.com

POR Ab. Solón Pinoargote Sánchez

El Ecuador como todos los países del orbe, cuenta con un régimen de instituciones jurídicas como modo de gobernarse que se rigen por leyes, reglamentos o prácticas de gobierno, las que se materializan a través de la declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos individuales en forma inmediata, como actos de la administración pública, entendiendo en todo caso que ésta actividad estatal que mueve el engranaje jurídico para la concreción de acciones en beneficio de su territorialidad.

No podemos los ecuatorianos y menos los extranjeros residentes en el país, bajo ningún modo, trastocar el sistema estatuido, todo lo contrario, debemos establecer una doctrina que signifique demostrar un orden con tendencia al predominio de las soluciones en estricto derecho en los asuntos políticos, sociales y administrativos para asentar el hecho válido determinado en las leyes de la República aún hasta para alcanzar la credibilidad de los procesos de la administración pública duramente cuestionados en el momento actual. De allí que, cuando a menudo nos informa la prensa sobre el quebrantamiento al régimen institucional cuya tendencia, como, dejó señalado, es por falta de ese predominio de las soluciones en estricto derecho a los asuntos políticos y sociales y por supuesto, también a la falta de valores éticos y morales y de liderazgo de quien o quienes tienen que ver con el tema.

La Constitución de la República, norma Suprema del Estado ecuatoriano, tipifica sus instituciones y expresa, entre otras obligaciones y responsabilidades, que todo dignatario, funcionario o servidor público, será responsable por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones pero, paradójicamente, es donde más latrocinios pueden observarse de manera sistemática, lo que equivale decir que las instituciones del Estado siempre están expuestas a lo peor. Sin embargo, lo más grave del asunto es la pérdida total del respeto a la integridad institucional del país, toda vez que el ejercicio del poder se rige por el derecho administrativo debiendo éste constituirse en una especie de freno al uso excesivo o abuso de poder público.
Frente a los continuos abusos que de cierto tiempo a esta parte que se vienen cometiendo en todo el país, en la administración pública con el presente comentario queremos exhortar a quienes se encuentran involucrados de alguna manera en estos actos, llámense de corrupción como la coima y el chantaje por citar dos, puesto que ésta es práctica de todos los días y que se da en todos los niveles, o de tirar piedras en las calles perjudicando a la propiedad pública y privada, deponer actitudes y encontrar a través del diálogo, las soluciones más adecuadas utilizando siempre la Ley como el medio más idóneo para resolverlas, so pena de incurrir y posteriormente responder por los delitos cometidos en contra del sistema jurídico-institucional.