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Manuel de J. Mendoza | POR Carlos Intriago Macías

‘Colombia tiene que parar

su política guerrerista’

El pueblo del Ecuador entregó a la Asamblea Constituyente un mandato popular que no se cumple en su totalidad: elaborar una nueva Constitución y transformar el marco institucional del Estado. Mientras que la ciudadanía se encuentra desesperanzada porque aún no observa avances de lo que será la nueva Carta Magna que regirá al Ecuador.
Para informar el trabajo que hace la Asamblea y ampliar temas como la agresión colombiana, El Autonomista dialogó con el asambleísta Manuel de J. Mendoza Cobeña, quien es representante de la provincia de Sucumbíos e integra la Mesa 5 de Recursos Naturales y Biodiversidad, la que todavía se encuentra en reuniones itinerantes en diferentes ciudades.
En medio del conversatorio el asambleísta desvía la entrevista hacia un problema evidente de la región Amazónica: los efectos ambientales de la explotación petrolera. Además aborda el tema minero, sin dejar pasar el tema político donde se muestra cuestionador ante la lenta producción de Artículos para la construcción del nuevo marco jurídico ecuatoriano.

El pueblo comienza a decepcionarse del ejercicio de la Asamblea Constituyente por tener las mismas prácticas que el cesado Congreso.
El Ecuador levantó muchas expectativas de lo que sería el gobierno de Acuerdo País, sin embargo, en menos de un año ha quedado en deuda con el pueblo ecuatoriano. Ejemplo de ello es la violación a los derechos humanos en la parroquia Dayuma de la provincia de Orellana cuando un pueblo organizado legítimamente lucha por justas reivindicaciones.
Reclama el pago de una gran deuda social y ecológica con los amazónicos, el cumplimiento de compromisos de campaña, la ejecución de infraestructura básica en la provincia y la desatención de todos los gobiernos de turno fruto de la marginación y contaminación que ha provocado la explotación indiscriminada de petróleo y gas en esta parte de Ecuador.
En definitiva, existen problemas sociales y ambientales que han hecho de la amazonia ecuatoriana, particularmente del Norte, un pueblo devastado. La contaminación está presente en la flora y en la fauna. Las personas de la Amazonia tienen los índices más altos de enfermedades respiratorias, cáncer, mortalidad infantil, etc.
Por lo tanto los pueblos de la Amazonia tienen toda la justa razón por reclamar sus derechos. Qué paradójico que un gobierno se dice ser demócrata, patriótico y que representa a las grandes mayorías, cuando se irrespeta los derechos fundamentales de un ser humano. El derecho a la vida, al libre tránsito, a la organización son normas que merecen la menor interpretación extensiva, pero en este caso, fueron vulnerados.
Además este gobierno ha sido incapaz de generar políticas económicas que permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Quienes vamos al mercado nos percatamos fácilmente que los productos de primera necesidad están subiendo de precio permanentemente.

El gobierno ecuatoriano ha rechazado la agresión colombiana a nuestra soberanía y también está realizando una campaña internacional de apoyo. ¿Cómo evaluar este hecho y sus efectos?
En la medida en que todos los colectivos ecuatorianos antepongamos los intereses de la Patria a los interese personales o de grupo, podemos ver el nuevo país que todos queremos.
Frente a la violación de nuestra soberanía por las Fuerzas Armadas pro imperialistas de Colombia, no queda otro camino que parar esa política guerrerista del presidente Álvaro Uribe. Más allá de violar la soberanía, esta agresión tiene otro trasfondo: el involucramiento de Ecuador en el plan de la muerte (Plan Colombia).
Lo que pasó cerca de la frontera fue una masacre de personas mientras descansaban. Desde luego se deduce que existió premeditación en este delito de lesa humanidad. Además el gobierno colombiano ha reconocido que violó nuestra soberanía.
Considero que Ecuador ha realizado gestiones saludables como llamar al embajador ecuatoriano en Colombia y expulsar al embajador colombiano en nuestro país. Como también el requerimiento al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y a otros organismos internacionales y estados soberanos para que interpongan sus relaciones y de una vez por todas hacer cumplir las normas del Derecho Internacional Público y demás leyes.

Por un lado el gobierno ecuatoriano manifiesta un respeto por los derechos humanos y por otro lado mantiene presos a habitantes y a la prefecta de Dayuma. ¿Cómo entender esto?
En la intervención al pleno de la Asamblea del día martes 4 de marzo del presente año manifesté mi acuerdo a la unidad nacional, solicitada por Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna y Externa. Pero ese pedido debe estar ligado a la práctica de este gobierno.
No es posible hablar de unidad cuando se quebrantan los derechos, no sólo de los habitantes de Dayuma, sino también de los luchadores populares contra la explotación minera a gran escala y cielo abierto. Es decir, por hacer respetar sus derechos son detenidos ilegalmente.

¿Cuál es su postura frente a la futura explotación minera en el Ecuador?
Los inversionistas extranjeros se han fijado en varias zonas ecuatorianos para explotar cuanto recurso natural hubiese en la naturaleza, especialmente en la amazonía.
Las experiencias mineras en otros países son lamentables, dejando pobreza, destrucción irreversible del ambiente y hasta represión.
En Ecuador hay cientos de líderes comunitarios que han sido injustamente criminalizados y enjuiciados por resistirse a los proyectos destructivos de la naturaleza y la vida.
Esta inicial explotación de metales y no metales está poniendo en peligro el equilibrio de la naturaleza y del hombre. No podemos seguir manteniendo el actual sistema de concesiones mineras donde no hay consulta previa, ni estudios de impacto ambiental, sin cuidar el ambiente y hasta utilizando a las Fuerzas Armadas pare reprimir las protestas.
Frente a esto exigimos que Ecuador sea declarado país libre de minería a gran escala; prohibición a todo tipo de minería que afecte las fuentes de agua, páramos, laderas y ecosistemas frágiles; apoyo a la pequeña minería o artesanal; amnistía para los líderes sociales injustamente enjuiciados; y la inclusión de la protesta social como legítimo derecho.

¿Qué ha sucedido con los juicios que llevan adelante los amazónicos contra empresas petroleras que han provocado desastres ambientales?
30 mil habitantes demandaron a la compañía Texaco (actual Chevron) por estos daños irreparables a la naturaleza. Han pasado 14 años desde entonces y los organismos que administran justicia han hecho muy poco para que este proceso se concluya con la respectiva sentencia. Lamentablemente en este litigio hay enormes intereses de por medio y el retraso es preocupante.
Cumpliendo con nuestra función de fiscalizadores hemos coordinado con los organismos de control para que nos informen de cuáles son los antecedentes y razones por las que aún no se define este proceso.

¿Cuándo se comienza a construir la nueva Constitución?
Una de las preocupaciones que tenemos es el factor tiempo. Ya quedan sólo tres meses para aprobar la nueva Constitución y hasta ahora no se ha avanzado en ningún artículo. Y aún las mesas itinerantes tienen foros públicos en sus agendas.
Lo más seguro es que la nueva Constitución se comience a aprobar por secciones o títulos. Por lo que tengo la impresión que temas tan profundos y complejos se analizarán de manera apresurada.