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CASO TRASVASE POZA HONDA - LA ESPERANZA

El Autonomista inaugura en esta edición un espacio para dar a conocer a la ciudadanía los casos de corrupción que se cometen en el país. Comprometidos con nuestros lectores y el bienestar de la patria presentaremos seguidamente las irregularidades, fraudes, estafas, explotaciones y otras fechorías que los politiqueros están acostumbrados a hacer y las que se dan en las instituciones públicas y privadas, mismas que el pueblo desconoce. Este espacio tiene como finalidad el castigo máximo para los traicioneros de la honestidad, que burlan la honra del pueblo, ahora un pueblo fortalecido que vencerá empuñando “el látigo de fuego” para castigar a los que se hacen llamar pulcros y no son más que simples ladrones.

La Comisión Anticorrupción investigó la denuncia del entonces diputado Emilio Rupertti relacionada con la precalificación de empresas constructoras para los trasvases Esperanza - Poza Honda y Poza Honda - Mancha Grande, por lo que pidió un pronunciamiento al Directorio del Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM) en ese momento, sobre este caso en el que, se descalificaron, por cuestiones formales, a 6 de las 9 empresas participantes.

La Comisión pidió a la Procuraduría y a la Contraloría Generales del Estado que revisen detenidamente que la adjudicación se la realizara con transparencia. Además, insistió ante el CRM sobre la precalificación de las empresas y le pidió revisar el proceso, así como que se pronuncien públicamente de que el proceso se lo llevaría adelante con transparencia, considerando que es una contratación pública para una obra importante.
La Comisión Anticorrupción enfatizó su preocupación al conocer que el organismo oficial del Japón, Overseas Economic Fund (OECF), que era el organismo que concedería el crédito, alrededor de 117 millones de dólares, estuvo inconforme con el proceso de precalificación en el que se descalificó a seis importantes consorcios que en su oportunidad hicieron públicas sus protestas.

La Comisión realizó varias acciones ante la Presidencia de la República, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Cancillería, con el fin de evitar que se firmara el contrato para la construcción de la obra con la compañía brasileña Norberto Odebrecht, ya que tendrá un costo superior al planificado con la empresa japonesa OEFC.

A pesar de que el Presidente de la República, en su oportunidad, se reunió con funcionarios de la Contraloría, de la Procuraduría, del Directorio del CRM, de la Cancillería y de la Comisión Anticorrupción en busca de una solución definitiva al problema, no se dio en vista de que como el CRM es un órgano autónomo decidió contratar la construcción de la obra con la compañía Odebrecht.

La Comisión solicitó al Primer Mandatario y al Ministro de Finanzas que el Estado no garantizara créditos externos inconvenientes, si se consideraba que existían mejores alternativas, en vista que de acuerdo con la Constitución y las Leyes tanto el Presidente como el Ministro de Finanzas están obligados a preservar los recursos del Estado y a exigir el cumplimiento de los contratos legalmente celebrados.

La Comisión insistió en la necesidad de precautelar los más altos intereses del Estado en la obtención de los recursos que financien las obras públicas, ya que el servicio y amortización de los créditos paga todo el pueblo a través del Presupuesto General del Estado y en el caso del CRM resultó inadmisible desaprovechar un financiamiento de condiciones excepcionales como el préstamo japonés.

Pese a todas las observaciones que realizó la Comisión Anticorrupción la obra la ejecuta la empresa brasileña Odebrecht, pues el préstamo japonés quedó a un lado.

Fuente: Comisión Cívica Contra la Corrupción -CCCC-