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Alta corrupción

El control de la corrupción se vuelve cada vez más difícil en el Ecuador, convirtiéndose en uno de los más serios problemas del país, más aún cuando la tolerancia de la población a este mal se ha elevado en los últimos años. Esta es una de las conclusiones del estudio AUDITORIA DE LA DEMOCRACIA , Ecuador 2006, el mayor estudio sobre cultura política elaborado por el Proyecto de Opinión Pública (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt, bajo la dirección del Prof. Mitchell Seligson, y el Centro de Estudios y Datos (CEDATOS / Gallup Internacional), bajo la dirección del Dr. Ángel Polibio Córdova.

Los resultados del estudio son coincidentes con los del Instituto de Medidas de Gobernabilidad del Banco Mundial, y ubican al Ecuador entre los cuatro países con mayor índice de corrupción entre 18 estudiados en la región. El país con el más alto índice de control de la corrupción es Chile (88.7) luego Costa Rica ( 77.3) y Uruguay (71.4); en el extremo están Ecuador (26.6), Bolivia (25.1), Venezuela (14.3) y Paraguay (12.8).

El estudio de Vanderbilt y CEDATOS realizado en las 21 provincias continentales del país, áreas urbanas y rurales con entrevista a 3000 hogares de sierra, costa y amazonía presenta datos alarmantes: la mitad de los encuestados reconoció haber sido víctima de la corrupción en el último año, con índices de tolerancia frente a la corrupción elevados y que han ido en aumento en comparación a América Latina y muy superiores frente a Europa. En 2001 el índice de tolerancia fue de 19%; en 2004, 19.2%, y en 2006 subió a 21.2%.

Si para el análisis de las víctimas de la corrupción se considera el pago de coimas en la actividad diaria, se observa que más de un quinto de la población las considera justificables, siendo Guayaquil donde es mayor la tolerancia, con el 37.3%, frente a Quito que registró un 13.7% de tolerancia; las ciudades grandes son más tolerantes que las pequeñas (21.2% frente a 17.4%) y las áreas urbanas mucho más que las rurales (16.2% frente a 10.3%). Por su parte la tolerancia de la corrupción en la costa urbana es superior a la que registra la sierra urbana (29.9% vs 16.2%).

Por sexos, las mujeres toleran menos a la corrupción (18.8%) que los hombres (23.7%), en tanto que por edades la tolerancia se observa más en los jóvenes de 18 a 25 años (28.2%) y en los adultos de 56 a 65 años (22.9%) apareciendo como los grupos de edad que más justifican el pago de coimas u otras formas de corrupción.
En el estudio de 2006 al igual que en 2001 y 2004 se ve que las mayores víctimas de las coimas se registran en el sector público y por parte de la policía. El 12% dice haber sido coimado por un policía; el 41% dice haber visto a los policías recibiendo coimas y un 30%, a un empleado público; otro 15% dice que un empleado público le solicitó una coima, especialmente en las dependencias judiciales donde el 23.8% dice haber sido víctima de coimas.

¿Dónde son más usuales las coimas y los sobornos? La población dice que son más usuales en los juzgados (23.2%); en los municipios (14.6%); en las escuelas y colegios (13.2%); en las empresas eléctricas (11.7%); en los servicios de salud (8.7%); y en las oficinas públicas (7.3%).

Por ciudades, la población dice haber sido víctima de una coima por lo menos una vez durante el año pasado en la siguiente forma: Guayaquil tiene el mayor registro (43.7%); las ciudades grandes (36.5%); ciudades pequeñas (34.4%); Quito (33.9%); áreas rurales (32.8%) y ciudades medianas (26.8%).

El estudio demuestra que el haber sido víctima alguna vez de una forma de corrupción, hace que los afectados tiendan a justificar tales actos, convirtiendo a este delito en un círculo vicioso que será difícil de romper. Quienes no han sido afectados, en un 15% la justifican, sin embargo el promedio nacional de justificación es superior al 22% y tiende a ser mayor conforme aumenta el número de veces de haber sido objeto de una forma de corrupción. Nótese, sin embargo, que estos hechos irregulares bien pueden estar referidos a pequeños actos de corrupción en la actividad diaria, ya que los actos voluminosos y de gran escala no están al alcance de la población común y de ninguna manera podrán ser justificados por la población.

FUENTE: AUDITORIA DE LA DEMOCRACIA, ECUADOR 2006. UNIVERSIDAD DE VANDERBILT (LAPOP), CEDATOS.