El Autonomista.com

POR Marco Arteaga Calderón
artecal185@yahoo.com

Como que después de 176 años de haber iniciado su historia en el país las cosas siguen mal o peor que antes. Pero no hay tal. La situación es, simplemente, diferente a todo lo anterior. Con nuevas condiciones de vida, nuevas formas de relación social, nuevas corrientes institucionales, nuevas perspectivas de desarrollo, nuevas visiones del mundo, del pensamiento y del existir humano. Lo importante es que, en la textura de estas novedades, ya está la exigencia, el incentivo, la urgencia de dimensionar la vivencia de los ecuatorianos desde un futuro a llegar creando, en sostenibilidad, la certeza del presente. ¿Suena a mágico? Demasiado real y por eso, quizás, el temor a lo desconocido bloquea la capacidad de aceptarlo. ¿Sirve de algo el camino, aunque expedito, pero sin destino? ¿Para qué unos pies fuertes sin la facultad de caminar? Rocafuerte advirtió siempre la necesidad de nacionalizar Ecuador y al firmar con las grandes pérdidas territoriales el Protocolo de Río de Janeiro, el canciller Arhana aclaró, es hora de que “sean más país”.

¿Alguien duda que ya es hora de despojarnos de tanta obsolescencia política, económica, social, cultural de la que, actualmente, el país es prisionero? ¿Está en la Asamblea Constitucional la respuesta? Los cambios, en todo caso, ya no pueden demorarse, por lo que no están de más algunas reflexiones… Permanentemente el quehacer de la cosa pública ha estado en manos de los 3 clásicos poderes, expresados en las funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial. Algo que ha servido para que la “democracia” sea exclusivamente un espacio, casi turístico, de observación para la mayoría ciudadana y, en particular, un espacio político, de aprovechamiento económico para la elite autodenominada “clase política” de la nación. Para que la democracia entre, verdaderamente, en vigencia el pueblo no sólo debe ir a las urnas, sino también tener la opción de cogobierno en los destinos de la sociedad ecuatoriana. Ya no más una modalidad presidencialista ni parlamentarista, que por donde se las analice han fracasado. El poder de la ciudadanía puede ser un ente equilibrador. O sea, estar presente especialmente en dos áreas: a) la designación en general de los niveles directivos del funcionarismo burocrático y, en particular, la designación de los niveles de control, b) el manejo de los sistemas de rendición de cuentas y transparencia de las actividades y cumplimiento del servicio público. Un Consejo de Veeduría Ciudadana puede ser, quizás, una clave del cambio.

Sin embargo, sin políticas de Estado difícilmente marcharía en optimización la cosa pública en tanto el bienestar social del pueblo. Hasta hoy la improvisación ha sido la tónica estatal, mediando los intereses del mandatario de turno, conformados en la práctica a través de programas, proyectos, planes puntuales de salud, de vivienda, de ocupación, de educación, de conocimiento científico, de fomento agropecuario… Cada presidente desecha lo de su antecesor y plantea lo que le viene en gana. Por eso, además cada candidato presidencial, puede ofrecer demagógicamente barbaridades. Desgraciadamente, hasta la propia Constitución ampara este torpe y trasnochado pronunciamiento cuando en el Art. 171, entre las atribuciones del ejecutivo, está que tiene que “presentar, en el momento de su posesión, su plan de gobierno con los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio…Establecer las políticas generales del Estado, aprobar los correspondientes planes de desarrollo y velar por su cumplimiento”. Ni en las empresas superprivadas, de extensión familiar, existe tanta soltura administrativa, uni personal, que ponga en riesgo inversiones y utilidades. ¿Por qué los millones de ecuatorianos deben soportar tanto manoseo social de cada irresponsable que asume la presidencia?